Buscamos fortalecer el sistema de integridad de la Provincia de Buenos Aires por medio del aumento e impacto de la participación de la sociedad civil en la construcción de políticas públicas democráticas, inclusivas y sustentables.

En los 30 municipios de la Provincia de Buenos Aires que analizamos, existen:

AGENDA DE INTEGRIDAD

para la Provincia de Buenos Aires

Una hoja de ruta compartida, construida colaborativa y propositivamente, para avanzar en los desafíos existentes en materia de ética pública, acceso a la información pública, transparencia presupuestaria; participación ciudadana, organismos de control, transparencia e independencia del Poder Judicial, sistema electoral transparente y responsable.
Desde una perspectiva de derechos y de género.
Porque más integridad es más transparencia, más participación, menos corrupción, más derechos y mejores políticas públicas para las y los bonaerenses.

ÉTICA PÚBLICA

La ética pública establece un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables a todas las autoridades públicas.

Sus estándares están orientados a prevenir, detectar y corregir irregularidades, que puedan derivar en hechos de corrupción dentro de las distintas dependencias estatales.

La PBA no tiene una Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.

 

No obstante, sí cuenta con la Ley Nº 15.000/18 que regula el sistema de declaraciones juradas patrimoniales de las/los funcionarias/os y agentes del sector público bonaerense, a las cuales puede accederse a través del sitio web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

 

Además, dispone de una Oficina de Transparencia Institucional, responsable de definir e instrumentar políticas de prevención y control de la corrupción y de aprobar y aplicar normativa en materia de transparencia y ética pública.

La Provincia de Buenos Aires debería trabajar en la elaboración y sanción de una Ley Provincial de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, que -como mínimo- aborde los siguientes ejes:

  • Conflictos de interés
  • Régimen de control sobre obsequios y viajes
  • Prevención de  nepotismo
  • Regulación de la gestión de intereses
  • Rendición de cuentas
  • Organismos de aplicación de la ley autónomos
  • Publicidad oficial

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Es un derecho humano fundamental garantizado por la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (Artículo 12 inciso 4)

 

Sin libre acceso a la información pública no puede haber rendición de cuentas ni un efectivo control social de la gestión pública.

 

Es considerado un “derecho llave”, que permite el acceso a otros derechos fundamentales (como salud, educación y vivienda, entre otros).

La normativa vigente en la Provincia de Buenos Aires es restrictiva dado que: 


a) Sólo garantiza el acceso a documentos administrativos provenientes de órganos públicos del Poder Ejecutivo Provincial cuya divulgación no se encuentre prohibida expresamente por la Ley. Excluyendo de la obligación a los demás poderes del Estado de la obligación garantizada constitucionalmente.

b) Se requiere acreditar interés legítimo para el efectivo acceso a los documentos públicos, lo que es considerado contrario a los principios generales y estándares internacionales en materia de acceso a la información pública.

 c) La solicitud de información debe ser fundada, exigiendo a los ciudadanos explicitar el motivo del pedido, siendo contrario a los estándares internacionales ya que la información no es propiedad de funcionarias o funcionarios, sino que es patrimonio de la ciudadanía.

Entre los objetivos recientemente planteados por la Gobernación provincial en marzo 2020, se propuso la instrumentación de un protocolo de Acceso a la Información Pública “mediante la realización de un nuevo cuerpo normativo que se adecue a estándares de accesibilidad y transparencia.” esperando “generar espacios de participación y transparencia de la gestión, fomentar el AIP, generar un rol activo en materia de transparencia a la Gestión y construir una nueva cultura de transparencia e identidad.”

Aprobar una Ley de Acceso a la Información Pública provincial que se adecúe a estándares internacionales, con al menos el siguiente contenido:

  • Alcance a todos los Poderes e instituciones del Estado Bonaerense, así como a  entidades privadas que administren recursos públicos. 
  • Eliminación del requisito del interés legítimo para solicitar  información pública.
  • Producción de  información a disposición de la ciudadanía en formatos abiertos y reutilizables.
  • Establecimiento de una Autoridad de Aplicación independiente Incorporación de un nuevo paradigma en materia de apertura gubernamental  basados en la despapelización y en la creación de bases de datos. Habilitar y mejorar distintos canales en todos los poderes del Estado para que la ciudadanía pueda realizar pedidos de acceso a la información de forma rápida y sencilla.

Decreto Provincial N° 2.549/04

Ley Provincial de Acceso a Documentos Administrativos N° 12.475/00

Primer Informe para la Comisión Bicameral de Seguimiento, Fiscalización y Control para la Emergencia.

 

Algunas experiencias municipales

Municipio

Normativa de Acceso a la Información pública 

Azul

2.241/04

Bahía Blanca

585/06

Campana

6.809/18

Cañuelas

1.970/04

Carlos Tejedor

2.467/17

General Pueyrredón

13.712/00

General Rodríguez

4.560/18

Lobos

2.897/18

Mercedes

6.587/08

Morón

7.187/05

Pergamino

6.866/08

San Isidro

8.042/04

San Nicolás

6.887/06

Trenque Lauquen 

4.145/14

Zárate

3.888/10

TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA

La transparencia presupuestaria cumple numerosas funciones, relacionadas no sólo a una adecuada rendición de cuentas sobre el uso de los recursos públicos, sino también a fomentar la participación de la ciudadanía en torno a la priorización del gasto del Estado y las instituciones que lo componen conforme a sus demandas.

La Provincia no cuenta con normativa específica que reglamente las vías, formatos y períodos de actualización sobre la totalidad de su información presupuestaria. 

 

Es posible acceder al detalle del presupuesto a través del texto de la ley aprobada año a año por la Legislatura Provincial, sin embargo es muy difícil conocer la forma en la que se devenga el presupuesto aprobado y su ejecución periódica. La forma en la que se publica dificulta las posibilidades de acceder a información desagregada que habilite un análisis comprensivo de todo el ciclo presupuestario y que sea a la vez accesible para toda la ciudadanía.

Para aumentar los niveles de transparencia presupuestaria de la Provincia de Buenos Aires, es necesario:

  1. Avanzar en la sanción de una Ley Marco de transparencia presupuestaria.
  2. Establecer mecanismos para la actualización constante de la plataforma “Presupuesto Abierto”, incorporando toda la información desagregada relativa al presupuesto sancionado, al devengado y el efectivamente ejecutado.
  3. Generar versiones ciudadanas de todos los documentos presupuestarios, con especial énfasis en el presupuesto aprobado.
  4. Establecer indicadores de resultados.
  5. Crear mecanismos de participación en todas las etapas del ciclo presupuestario.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La participación ciudadana es fundamental para la calidad democrática, ya que incorpora a la sociedad al proceso de decisión de las políticas públicas, de forma que se definan a partir de sus demandas, propuestas y derechos. 

 

Su incorporación integral en todas las fases que componen a las políticas públicas -diseño, implementación, evaluación- mejora la gestión gubernamental, fortaleciendo el desarrollo inclusivo y sostenible.

La Provincia de Buenos Aires cuenta con diferentes mecanismos de participación ciudadana pero estos están lejos de poder implicar a la ciudadanía en el ciclo de políticas públicas de manera integral. Si bien se reconoce normativamente este derecho bajo mecanismos como las Audiencias Públicas y el Presupuesto Participativo, son herramientas de baja utilización.

Un protagonismo creciente de la ciudadanía, informada y consciente de la necesidad de incorporar la perspectiva de integridad en todos los ámbitos, resulta fundamental para promover políticas públicas más eficaces e inclusivas, y así lograr una provincia más transparente, con instituciones más fuertes y mayor rendición de cuentas.

Para lograrlo, resulta necesario:

  • Reglamentar los institutos de iniciativa popular y consulta popular.
  • Estimular la puesta en marcha de audiencias públicas.
  • Instrumentar el presupuesto participativo;
  • Fomentar el procedimiento participativo en compras y contrataciones públicas.
  • Regular la participación ciudadana en la elaboración de políticas públicas.
  • Promover la elaboración participativa de las normas.

Normativa:

Ley Provincial Nº 13.569/06, que establece el procedimiento para las Audiencias Públicas Decreto Provincial Nº 3333/05, sobre Presupuesto Participativo.

 

Ejemplos municipales de presupuesto participativo

Municipio

Normativa de Presupuesto Participativo

Carlos Tejedor

Nº 2355/14 

Mercedes

Nº 7873/16 

Quilmes

Nº 11.593/10 

San Nicolás

Nº 8341/12 

Trenque Lauquen 

Nº 4119/14 

Zárate

Nº 3833/09 

ORGANISMOS DE CONTROL

Un sistema de integridad fortalecido requiere de organismos de control independientes, eficientes, que cuenten con recursos suficientes, orientados a la rendición de cuentas y con fuerza para la sanción de irregularidades. Asimismo, los organismos de control deben garantizar la participación de la ciudadanía en todos sus procesos, promoviendo un diálogo constante en el que los objetivos del proceso de control se orienten a las necesidades de las personas. 

La Constitución de la Provincia de Buenos Aires, creó una serie de instituciones cuyo objetivo es el control de la actividad del Estado Provincial. 

 

El control externo está principalmente a cargo del Tribunal de Cuentas y de la Defensoría del Pueblo de la Provincia. 

 

En cuanto al control interno, la Fiscalía de Estado y la Contaduría General llevan a cabo las principales funciones de monitoreo, que son acompañadas por el rol de la Tesorería General y la Asesoría General.  A nivel municipal, el Tribunal de Cuentas ejerce su rol de órgano fiscalizador de las cuentas públicas locales a través de sus 20 delegaciones.

 

El propósito principal de las instituciones de control bonaerenses es el examen de la cuenta de inversión, que permite analizar la ejecución del Presupuesto provincial y la fiscalización económico-financiera de los recursos públicos. No tiene entre sus objetivos el control de la gestión y sus resultados.

Un conjunto de propuestas que impulse el rol de las instituciones de control en la Provincia de Buenos Aires, incluido lo que se refiere a rendición de cuentas y participación ciudadana, debería contener:

  • Incorporar funciones de auditorías de desempeño, tanto para el Tribunal de Cuentas como para la Contaduría General.
  • Crear herramientas que faciliten el control previo y concomitante de los actos de gobierno.
  • Publicar proactivamente toda la información relativa a las actividades y resultados de trabajo de los organismos de control.
  • Publicar los planes de auditoría en los sus sitios web.
  • Crear canales de diálogo directo y espacios de cooperación entre las autoridades de todos los organismos de control. 
  • Crear mecanismos de participación ciudadana e involucramiento de organizaciones de la sociedad civil al ciclo de control de las políticas públicas.

TRANSPARENCIA E INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL

La independencia judicial es fundamental para garantizar el adecuado funcionamiento de la democracia y la plena vigencia de los derechos de las personas y colectivos sociales. 

La transparencia, a su vez, cumple un rol fundamental a la hora de garantizar autoridades judiciales independientes y en facilitar que la ciudadanía pueda monitorear que su actuación sea en todo momento imparcial. A su vez, un Poder Judicial que rinda cuentas a la ciudadanía de forma permanente y proactiva aumenta la legitimidad de sus decisiones, la confianza ciudadana en su desempeño y reduce las posibilidades de corrupción.

Entre los principales mecanismos para proteger la independencia de las autoridades judiciales se destacan las formas en que son seleccionados las y los jueces, así como la forma en que son sancionados. 

 

Respecto al método de selección, subsisten problemas en el modo en que se definen los criterios de evaluación para garantizar su plena objetividad. 

 

En cuanto a los procesos de sanción, la reglamentación actual habilita márgenes amplios de arbitrariedad que han sido utilizados para condicionar decisiones judiciales o el desempeño de sus autoridades. A su vez, el Poder Judicial de la Provincia no cuenta con normativa que regule los principios que deben regir el accionar judicial, sobre todo en lo que refiere a la motivación de sus actos y la transparencia en el desarrollo de su labor.

 

En materia de transparencia, hoy son limitadas las posibilidades de conocer información sobre aspectos claves del funcionamiento del Poder Judicial de la Provincia, como los mencionados procesos de selección y sanción, la publicidad de las Declaraciones Juradas de sus autoridades, estadísticas sobre el estado de su gestión o la distribución del presupuesto y el gasto, entre muchas otras.

  1. Aumentar la transparencia y participación en los mecanismos de selección.
  2. Reformar los mecanismos de sanción y remoción para promover un control independiente de la actividad judicial.
  3. Sancionar un Código de Ética Judicial.
  4. Aumentar los niveles de rendición de cuentas del Poder Judicial a partir de la generación y publicación de estadísticas e información sobre el cumplimiento de sus funciones.
  5. Propiciar la asignación de recursos presupuestarios suficientes y estables para que el funcionamiento del Poder Judicial responda a las demandas de la ciudadanía y sea plenamente autónomo.
  6. Fortalecer los espacios de participación ciudadana, como las audiencias públicas o los Amicus Curiae.
  7. Implementar el juicio por jurados en casos de corrupción.

SISTEMA ELECTORAL TRANSPARENTE Y RESPONSABLE

Contar con un sistema electoral transparente y responsable sirve para garantizar los derechos políticos que aseguren la representación de todos los intereses del conjunto de la sociedad, a través de elecciones regulares, limpias y competitivas. A su vez, obliga a una exhaustiva rendición de cuentas a los partidos políticos, con énfasis en los que ejercen el gobierno de turno y su relación con los recursos públicos que administran.

 

La transparencia e integridad de los instrumentos de sufragio, la existencia de un Código Electoral específico, así como mecanismos que garanticen que el financiamiento de la política sea trazable y en base a recursos legítimos son, junto con la posibilidad de monitoreos cívicos de las elecciones, líneas de trabajo centrales para promover la transparencia y responsividad del sistema electoral.

Entre los avances más importantes de los últimos años, la Provincia de Buenos Aires sancionó la Ley de Participación Política Equitativa entre Géneros para todos los cargos públicos electivos.

Por otra parte, la Provincia no cuenta con un régimen propio de financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales.

 

El financiamiento en base a aportes privados no está regulado: no se establecen límites a los aportes que pueden realizar tanto individuos como empresas, así como tampoco se especifican medios de pago, haciendo imposible la trazabilidad de los recursos. 

 

En lo referido a la rendición de cuentas no se  encuentra regulado cómo debe presentarse la información financiera de los partidos y no existen actualmente obligaciones de hacerla pública en periodos electorales. 

La Provincia tampoco cuenta con normativa que regule de forma comprensiva las campañas electorales. Si bien  define los plazos para las elecciones primarias, no existe igual previsión para las elecciones generales.

  1. Impulsar la sanción de un régimen electoral provincial que unifique los criterios normativos para la vida de los partidos políticos y el desarrollo de las campañas electorales en consonancia con principios de integridad, transparencia y rendición de cuentas. 
  2. Aprobar un nuevo sistema de financiamiento de los partidos políticos provinciales, con reglas claras respecto a los aportes públicos y privados.
  3. Incorporar mecanismos de transparencia y trazabilidad de aportes privados y de los mecanismos de transferencia de recursos entre distritos.
  4. Establecer formatos unificados y consistentes para la rendición de cuentas anual de las agrupaciones partidarias en torno a su situación patrimonial y de ingresos y egresos.
  5. Aplicar de forma efectiva la normativa sobre paridad de género en las agrupaciones políticas y en las postulaciones a cargos electivos.
  6. Fortalecer las capacidades de los organismos de control asociados al funcionamiento de los partidos políticos y al financiamiento de campañas electorales.
  7. Promover la publicación y apertura de información sobre financiamiento político, en formatos abiertos y reutilizables, complementadas con visualizaciones simplificadas orientadas al fortalecimiento del control social.

NOTICIAS Y ACTIVIDADES

ORGANIZACIONES ALIADAS

MISIONES Y VALORES

Agencia de Desarrollo San Nicolás

Misión: Fomentar el Desarrollo de San Nicolás y de la región construyendo capacidades de cooperación para resolver desafíos locales actuales y futuros, involucrando a todos los sectores de la sociedad.

Visión: Desarrollar el plan de largo plazo de la ciudad y generar las condiciones para la implementación.

Centro de Estudios para la Gobernanza

Visión: Trabajamos por un Estado democrático, justo y eficiente que mejore la vida de las personas.

Misión: Somos un grupo de profesionales de distintas disciplinas que trabaja en la producción de conocimientos, análisis de datos, elaboración de diagnósticos y recomendaciones, a fin de colaborar con el Estado en todos sus niveles, desde la perspectiva que brinda el marco teórico de la gobernanza y el buen gobierno. Desde el CEG apuntamos a trabajar en forma mancomunada con gobiernos, sector privado y el tercer sector, en la inteligencia de que mejorar la calidad institucional, la gestión y administración de los asuntos públicos resulta nodal para pensar una ciudadanía activa e inclusiva.

Centro para la Implementación de Derechos Constitucionales

Misión: Fortalecer y modernizar las instituciones públicas provinciales, y promover y defender el reconocimiento igualitario de derechos constitucionales a nivel local. 

Creemos que la Provincia es un distrito determinante para lograr que Argentina tenga una democracia más fuerte y comprometida con la igualdad, y que sus instituciones necesitan especial apoyo para superar los grandes desafíos que enfrentan.

Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires

Misión: El Colegio de Abogados del Departamento Judicial La Plata ejerce el gobierno de la matrícula de los/as abogados/as y de procuradores/as, así como el poder disciplinario sobre éstos/as.

Debe, además, ejercer la defensa y asistencia jurídica de las personas que carezcan

de recursos y fundar y sostener una biblioteca pública, sin perjuicio de las demás funciones establecidas por el Artículo. 19 de la Ley Nº 5.177.

Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires

Misión: El Defensor del Pueblo es un organismo constitucional, unipersonal, autónomo e independiente que garantiza el ejercicio de los derechos de los/as habitantes de la Provincia de Buenos Aires, así como de quienes estén en tránsito por su territorio, incluyendo los de carácter cívico, político, social, económico y cultural. También garantiza que las instituciones y los/as funcionarios/as de la administración provincial cumplan con sus deberes y respeten la Constitución y las leyes vigentes; supervisa que las empresas de servicios públicos y privados brinden los servicios de manera adecuada y atiende las inquietudes de las personas que se sientan afectadas por ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario o negligente, falta de respuesta a reclamos efectuados, mala prestación, atención o trato, insuficiencia de información, o ineficacia de servicios.

Mar del Plata entre Todos

Misión: Monitorear y socializar información confiable para que la sociedad, sus organizaciones y el gobierno, puedan involucrarse en la mejora de la calidad de vida actual y futura de la ciudad y la región.

    CAMPUS VIRTUAL

    Ciclos de capacitaciones, transferencia de herramientas y acompañamiento a organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general, orientadas la participación ciudadana, el control social y la incidencia colaborativa en materia de integridad pública bonaerense.

    Virtuales, con certificaciones y gratuitas.

    SUMATE

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